La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión el pasado lunes 23 de junio que permite al gobierno deportar migrantes a países distintos a sus naciones de origen.
Esta resolución pausa temporalmente una orden judicial que exigía dar a los migrantes la oportunidad de demostrar que podrían enfrentar tortura en el país de destino.
Qué significa esta decisión
El fallo de la Corte Suprema permite que la administración de Trump proceda con deportaciones a lo que se conoce como “terceros países”. Esto significa que una persona puede ser enviada a un país donde no tiene ciudadanía y con el cual podría no tener ninguna conexión.
Es importante aclarar es que se trata de una decisión temporal de la Corte Suprema. El caso todavía está en proceso y la Corte Suprema no se expidió sobre el fondo del asunto.
El caso
La decisión de la Corte Suprema surgió a raíz del caso de ocho hombres que fueron puestos en un avión hacia Sudán del Sur, aunque la mayoría nunca había estado en ese país. El vuelo terminó aterrizando en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense, y los hombres han permanecido detenidos allí desde entonces.
Todo comenzó cuando un juez federal en Boston, Brian E. Murphy, ordenó que los migrantes con orden final de expulsión a un tercer país tenían derecho a:
- Recibir aviso previo del país al que serían enviados
- Que la notificación estuviera redactada en un idioma que el no ciudadano pudiera comprender
- Tener al menos 10 días para presentar argumentos sobre posible tortura o daños en ese país
- Contar con 15 días adicionales para apelar si las autoridades migratorias consideraban que el ciudadano no demostró un temor razonable
El gobierno argumentó que esta orden interfería con la autoridad presidencial sobre asuntos exteriores y creaba procedimientos excesivamente complicados.
Posiciones enfrentadas
La administración de Trump argumenta que tiene derecho a deportar criminales a cualquier país que esté dispuesto a recibirlos, porque es parte de la autoridad presidencial sobre inmigración y asuntos exteriores. Desde su perspectiva, los procedimientos que ordenó el juez federal son demasiado lentos para situaciones que requieren acción rápida.
El gobierno también sostiene que determinar si alguien tiene miedo genuino a ser torturado debería ser un proceso simple que tome minutos, no las semanas que establecía la orden del juez Murphy. Para la administración, estas deportaciones son fundamentales para la seguridad nacional, especialmente cuando se trata de personas que han sido condenadas por delitos violentos y cuyos países de origen se niegan a recibirlos de vuelta.
Por su parte, los abogados que representan a los migrantes insisten en que todas las personas, más allá de su estatus migratorio, tienen derecho a un proceso legal básico antes de ser deportadas. Su argumento principal es que enviar a alguien a un país donde podría ser torturado o asesinado viola directamente las leyes federales estadounidenses y los tratados internacionales que el país firmó.
También consideran que los migrantes necesitan tiempo suficiente para preparar adecuadamente sus casos, sobre todo cuando están en juego sus vidas. Además, advierten que esta decisión de la Corte Suprema pone en grave riesgo a miles de personas que podrían enfrentar deportaciones similares en el futuro, creando un precedente peligroso.
La división en la Corte
El voto de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema no brindó una explicación que justifique la decisión.
Por otra parte, las tres juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson emitieron una extensa opinión disidente.
La jueza Sotomayor sostuvo que la mayoría había ignorado una ley federal que requiere proceso legal adecuado y que prohíbe enviar personas a países donde probablemente serán torturadas o asesinadas.
Próximos pasos
Aunque la Corte Suprema pausó la orden del juez Murphy, el litigio continúa en tribunales inferiores. La decisión no resuelve definitivamente las obligaciones legales del gobierno hacia los migrantes, pero permite que las deportaciones a terceros países procedan mientras se desarrollan los casos.
Los abogados de los migrantes han presentado mociones de emergencia para intentar mantener las protecciones, mientras que el gobierno ha indicado su intención de proceder rápidamente con las deportaciones.
Contexto legal: la Convención contra la Tortura
Esta decisión se enmarca en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta convención prohíbe enviar personas a países donde enfrentarían tortura. Sin embargo, la implementación específica de estas protecciones sigue siendo objeto de debate legal.
El caso ilustra la tensión entre la autoridad ejecutiva para manejar inmigración y deportaciones, y los derechos individuales de proceso legal que tradicionalmente han protegido incluso a no ciudadanos en el sistema legal estadounidense.
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